Manifiesto

Brigadas Internacionales para el Cuidado del Voto y la Democracia en Colombia En la lucha por la democracia en América Latina, Colombia ha sido uno de los países donde los conflictos políticos han estado más enquistados, donde las desigualdades han sido más notorias y sus consecuencias han sido más violentas y duraderas. Después de la Segunda Guerra Mundial, se abría una nueva etapa para la democracia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el avance de los estados sociales y desarrollistas. Sin embargo, Colombia inauguraba una política de violencia que se iba a convertir en un pozo oscuro que solo empezó a ver una salida con el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno del país y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Desde el asesinato del candidato progresista Gaitán en 1948, cuya muerte desató el inicio de la guerrilla más larga del continente, hasta los 51 asesinatos de líderes sociales en 2022, han existido poderes políticos, económicos y militares, a menudo conectados con intereses foráneos, que han marcado a Colombia con el signo del retroceso democrático. Los despojos de tierras, las expulsiones forzosas, la concentración de la propiedad de la tierra, las malas prácticas electorales, la guerrilla y el paramilitarismo han sido frenos para el avance democrático, que posteriormente se complicaron aún más por la intervención de organizaciones criminales. Sin embargo, el proceso de paz, un momento deseado por el país y el continente desde hacía décadas, encontró enfrente a actores políticos contrarios al mismo. Uno de los elementos más novedosos de ese proceso, la justicia transicional, basada en la verdad, la justicia y la reconciliación, no fue aceptada por una parte de las fuerzas conservadoras que han preferido optar por las viejas formas, buscando razones para mantener el régimen de violencia. Según un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz, al menos 904 líderes sociales y 276 excombatientes de las extintas FARC han sido asesinados desde 2016.

En el actual proceso electoral, donde todo parece indicar la posibilidad de un cambio en la política colombiana que apueste decididamente por la paz y por acabar con las causas que la desafiaron, es inevitable recordar otros momentos de la historia de Colombia donde la violencia detuvo una vez más el desarrollo democrático. El exterminio de personas líderes y militantes políticos progresistas colombianos y colombianas, hoy considerado un crimen de lesa humanidad, planea otra vez sobre la política colombiana. 4.153 personas candidatas, líderes y militantes de la Unión Patriótica, fuerza política que había decidido presentarse a las elecciones, fueron asesinadas, secuestradas o desaparecidas por grupos paramilitares, efectivos de la Fuerza Pública y bandas de narcotraficantes. Lo mismo ocurrió con otras formaciones políticas, como la Alianza Democrática M-19. En apenas seis meses, cuatro candidatos presidenciales fueron asesinados, en una espiral de violencia que frenaba la democracia y convertía a Colombia en un estado fallido. Esa violencia contra los líderes y lideresas sociales y políticos no ha cesado. No menos ominoso es el caso de los “falsos positivos”. Bajo el Gobierno de Álvaro Uribe, Justicia Especial para la Paz (JEP) informó que entre el 2002 y 2008 hubo más de 6.400 civiles a los que las fuerzas militares mataron y presentaron ilegítimamente como muertos en combate, asesinados por el Ejército Nacional de Colombia a cambio de incentivos económicos. Civiles que era presentados como miembros de la guerrilla con el fin de eliminar líderes de la oposición o simplemente cobrar una recompensa. El 28 de abril de 2021, se convocó en Colombia un Paro Nacional en protesta por la subida de los impuestos. Esas protestas contra la reforma tributaria del Presidente Iván Duque fueron igualmente respondidas con casos de desproporcionada violencia policial, secuestros, desapariciones y señalamientos de pertenencia a banda armada a integrantes de la protesta. En 2021, la Defensoría de Colombia registró con datos oficiales el asesinato de 145 líderes y lideresas sociales, entre ellos 32 dirigentes indígenas, 16 líderes campesinos o agrarios y siete sindicalistas.

Las próximas elecciones presidenciales en Colombia el 29 de mayo vuelven a estar amenazadas por la violencia. Sectores conservadores implicados en salidas violentas en el pasado han anunciado su desconocimiento del resultado electoral si les es adverso. La vinculación de estos sectores con sectores de la policía y el ejército convierten esas amenazas en aún más preocupantes. En las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo de 2022, la Misión de Observación Electoral (MOE) informó de procedimientos que enturbiaban el funcionamiento de las elecciones. En el 85% de las mesas observadas se reportaron casos de ciudadanos que se acercaron al puesto de votación donde debía estar inscrita su cédula y encontraron dificultades para votar. Los observadores constataron igualmente numerosos indicios de compra de votos e incluso presenciaron casos de esta práctica, especialmente en la región de la Costa atlántica y en los departamentos con mayor población vulnerable, incluidas las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Por todo ello, es de vital importancia que la com unidad internacional defienda tanto el proceso electoral en Colombia, como su resultado, sea este el que fuera. Como en otros momentos de la historia, es esencial que la comunidad internacional apueste por la paz y la democracia acompañando el proceso electoral y a sus candidatos en este proceso, de manera que la violencia no forme parte una vez más de unas elecciones en Colombia. Ante tales circunstancias, hacemos una llamada a todas las personas comprometidas con la democracia a acompañar como escudos electorales democráticos a todos los eslabones del proceso electoral colombiano, de manera que la voluntad de los colombianos y colombianas en las urnas pueda expresarse con normalidad, para que el desarrollo sea limpio y transparente y que se respete el resultado de las elecciones por parte de todos los sectores políticos. De la misma manera, y como es propio en un sistema democrático, es importante asegurar que las Fuerzas de Seguridad garanticen la Constitución y, por tanto, el proceso electoral. La presencia de observadores internacionales será de una enorme importancia para que en Colombia desaparezca la violencia y la democracia encuentre el camino que tantas veces se le ha negado.